Siempre que se discute el
presupuesto creo que es necesario preguntarse cómo se llega a un presupuesto, en qué contexto está enmarcado y
Cuando ponemos en debate los
puntos específicos, los que no conocemos la cuestión contable nos enredamos en
algunas que otras explicaciones y en algún que otro pase de facturas. Pero yo
pienso que tiene que haber y debe haber una filosofía de fondo o, por lo menos,
una intencionalidad manifiesta en la conformación y en la confección de los
presupuestos y también en el diseño de las ordenanzas tributarias o del sistema
de presupuestario y fiscal que se pretende llevar adelante.
En este sentido hay
ciertas cuestiones que me gustaría resaltar. Sabemos que hay una necesidad concreta
por parte de quienes administran un municipio o una empresa. Lo primero que se
plantean es cómo hacer una administración eficiente de los recursos, de qué
manera debe administrarse esos recursos y cómo se debe asignar cada recurso,
para buscar un óptimo equilibrio de beneficios, no solo para esa empresa o para
ese Estado, sino también para los consumidores o administrados.
La finalidad es el pleno
empleo de los recursos y que nadie quede afuera del mercado. Pero sucede que este
equilibrio no llega nunca, se distorsiona y en consecuencia genera
exclusiones. Por ejemplo: en una época si no pagabas el cable, no podías ver
fútbol. Esta exclusión era una distorsión del mercado, porque el mercado
manejaba el futbol o la televisión. ¿Quiénes la padecían?, ¿quiénes eran los
que no podían pagar? Los que no tenían o no tienen trabajo, o los que teniendo
trabajo tienen un salario insuficiente. El Estado tuvo que atender esta
distorsión. El Estado necesita regular sobre todo en determinados bienes a los
cuales el Estado no puede faltar en su regulación. Son todos aquellos consumos
de bienes y servicios que excluyen a otros. Por ejemplo, en el caso de la lucha
contra la contaminación ambiental o los beneficios de la Seguridad, no se puede
decir: vamos a establecer un sistema de control ambiental o de seguridad, pero
a vos no te vamos a beneficiar, a vos no te vamos a incluir. Este tipo de
cuestiones no la regula el mercado, las regula el Estado.
Pero claro, los servicios
públicos tales como educación, salud, seguridad, control de los impactos
ambientales, por ejemplo, nadie los produce y garantiza para todos, si el
Estado no encuentra quien financie el gasto que conlleva todo esto. Porque el
Estado es el único capaz de prestar estos servicios para todos, y por lo tanto debe
crear mecanismos de financiamiento. Esta es la cuestión.
Estos mecanismos de
financiamiento son los impuestos, tasas y contribuciones. Entonces ya tenemos
el problema, el Estado tiene un problema en este caso. En esta asignación
eficiente de recursos, en saber qué bienes y servicios debe generar y, por el
otro lado, que procedimiento de financiación le debe aplicar.
Y acá es donde entramos
nosotros, porque este tipo de cuestiones no la resuelve cualquier vecino o la
gente. Se nombra siempre genéricamente a la gente, al beneficio de la gente,
pero acá hay una responsabilidad concreta de los órganos políticos elegidos. La
gente confía en que nosotros vamos a saber aproximar las cantidades necesaria
de recursos que se necesitan para llegar a un óptimo social. Y en este caso,
estos bienes tienen diferentes efectos. Yo creo que es necesario hablar de esto
porque hay bienes y servicios que el mercado no regula ni lo va a regular. Por
ejemplo, en educación, los beneficios que pueden dar las aulas móviles que se entregaron,
las pizarras inteligentes, las computadoras, afectan a los docentes y a los
estudiantes, pero también beneficia toda la comunidad. Estos bienes que tienen
un efecto externo positivo, forman parte de una política de Estado, no de una
política de mercado. De esa misma manera también existen otros tipos de efectos
que pueden ser negativos, aunque la producción sea positiva. O sea, cuando por
acción de alguna persona o empresa introduce a la sociedad un costo. Por
ejemplo alguien que contamina con su fábrica un río y ese río lo tiene que
limpiar el vecino, ahí tenemos un costo negativo y tiene que intervenir el
Estado. Nosotros tenemos una planta de almacenamiento de granos en el medio de
la ciudad. Si el procedimiento de secado no es óptimo, va a producir una
contaminación. ¿Los vecinos lindantes deben financiar ese costo si se produce
tal contaminación? ¿Quién se hará cargo de esa cuestión?
Deberíamos considerar
esto como línea directriz: es necesario que intervenga el Estado para atender la
producción y consumo de manera socialmente eficiente.
Ahora bien, también
existen situaciones que nos afectan particularmente a nosotros, los casarenses,
como afectan a todos los demás municipios. Son los servicios que nosotros no controlamos:
agua, teléfono, gas, luz. Estos servicios, que nosotros no podemos resolver en
este presupuesto, en la década del 90 fueron privatizados y, por ejemplo, en la
telefonía fija pública la empresa monopólica no daba el servicio en
determinadas zonas porque no eran rentables. No se hicieron inversiones para
que lleguen en calidad y en cantidad a todos y solamente se orientaron a satisfacer
a quienes podían pagar. No hubo política de regulación de tarifas que puedan
revertir esta situación.
Así llegamos a una
situación que el Estado nacional buscó corregir con la nacionalización y la redistribución.
En este presupuesto, inclusive en la ordenanza fiscal, no se si el criterio
redistributivo queda muy claro o no, pero la idea en algunos casos si se ve
claramente. En otros casos faltaría ajustarles algunas cuestiones, pero sería
interesante que nosotros podamos propender en un futuro a ese objetivo
redistributivo, porque se trata de una función elemental de la administración
pública.
La libre competencia
puede asignar algunos recursos de manera eficiente, pero nunca va a distribuir
sin generar desigualdades. También las desigualdades se generan en los
presupuestos nacionales, provinciales y municipales, si nosotros no orientamos esos
recursos que aporta al mercado para generar una redistribución socialmente óptima.
Porque el mercado, esto hay que dejarlo bien en claro, solo distribuye en
propiedad privada y en herencias, es decir que la renta aumenta y se asigna por
propiedad privada o por herencias. Y a esto quería llegar: toda redistribución
de la riqueza, de la renta, implica un juicio de valor y constituye una opción
política. Nosotros estamos tomando una decisión política cada vez que
elaboramos un presupuesto. Esto no es de ahora, el “estado de bienestar” es un
ejemplo, opción que el neoliberalismo en la década del 90 se encargó de mancillar,
de defenestrar con las consecuencias que ya conocemos.
La atenuación de esas
desigualdades en la renta y el patrimonio es una necesidad pública, de la que
ningún representante puede desentenderse. Ni siquiera nosotros en nuestro
presupuesto local.
Tenemos los mecanismos. Existen
dos mecanismos básicos para redistribuir la riqueza o para redistribuir la
renta, para hacer una redistribución razonable y que se le asignen recursos a
quienes menos posibilidades tienen y aporten quienes más posibilidades tienen.
A través del gasto público, que es el gran instrumento para llevar una política
fiscal redistributiva. Y es un mecanismo que tenemos que charlar en los presupuestos
que sigan, para discutir cual es el gasto público y como orientar ese gasto
público local. Con el gasto público el gobierno nacional, desde el 2003 a esta
parte, ha logrado incluir socialmente a grandes sectores postergados de la
economía. A través de subvenciones al transporte, al gas, al agua, y con desembolsos
sin contraprestación como el caso de la Asignación Universal por Hijo y las
Jubilaciones. Cosa que vemos en nuestra ciudad, que muchísima gente de menores
recursos que asistían a los comedores en la época del 90, que su familia se
alimentaba en merenderos y lugares de asistencia social (aunque hoy tal vez no
han entrado a tener un trabajo, no tienen un trabajo en blanco tal vez, no
tiene todos los beneficios), hoy en su casa, cada padre, cada familia se
alimenta por sus propios medios. Esto es un logro de inclusión. No es suficiente
en absoluto, pero es el proceso que ha implicado el cambio de direccionalidad
hacia una economía orientada a satisfacer las necesidades sociales básicas, de
inclusión social, hacia un Estado Social, más benefactor que torció el rumbo de
ese neoliberalismo que se llevaba todo por delante y fomentaba la apropiación
masiva de la renta en manos de unos pocos.
Entonces, los que
disfrutan de estas rentas más elevadas deben contribuir con el aporte a los
presupuestos y a los sistemas impositivos progresivos en ese sentido y ayudar a
profundizar el aspecto redistributivo. Aunque a este gasto público es lo que los
sectores neoliberales atacan primero en todos lados, dicen: “hay que bajar el
gasto público, si no bajamos el gasto la economía se va a cualquier lado”. El
gasto público hay que bajarlo, hay que sacarlo porque si no la economía no
funciona, todos los economistas neoliberales que nosotros escuchamos diariamente
en la televisión o vemos en los diarios plantean esta cuestión que ya nos llevó
al infierno.
El otro mecanismo es el impuesto. Esta es una deuda
que tiene este gobierno nacional, pero también una gran deuda de nuestro
sistema político general, porque tenemos que establecer un sistema impositivo
que tienda a gravar la renta de capital y no al trabajo y al consumo.
Necesitamos un sistema impositivo que sea menos regresivo. No puede ser que una
mini PYME pague el 35% de ganancia y empresas como Techint y los bancos paguen
el 35% de ganancias también. Tampoco es posible que los trabajadores paguen
ganancias, como así tampoco que los bienes de consumo masivo tengan un 21% de IVA. Tenemos un problema serio con esto. Y si
vamos hacia una política redistributiva, si en estos últimos diez años hemos
logrado que el gasto público haya sido la directriz principal que ha llevado a
la redistribución y nosotros lo hemos reflejado acá en nuestra ciudad, tenemos
que llevarla a cabo. La compañera Silvia Sette trabaja en ANSES contribuyendo
permanentemente a orientar el gasto público en la economía local. Deberíamos
resaltar el trabajo del ANSES en todos los ámbitos, desde las jubilaciones
nuevas a de las asignaciones universal por hijos; desde atender situaciones
particulares con situaciones extremas, de extrema urgencia, al trabajo social
importante que se ha llevado adelante. Las cooperativas que nombraba el
compañero Gorosito que incluyó a trabajar a gente que tal vez iba a los
comedores escolares. Ahora tienen un trabajo, pero no alcanza todo esto. Necesitamos
que el próximo gran paso sea una reforma impositiva que, además, nos coloque a
nosotros como protagonistas, a nosotros como Municipio. Nosotros que aprobamos
una ordenanza fiscal, establecemos tasas, las aumentamos, creamos nuevas,
buscamos la manera de tratar de coordinar lo que está a nuestro alcance, debemos
preguntarnos de qué manera los municipios pueden participar de una reforma
impositiva que nos pueda asegurar que la carga impositiva sea razonable, que
los que más tienen vayan aportando proporcionalmente más tendiendo así hacia un
sistema más progresivo.
Esto es lo que no se ha
hecho todavía. Falta esta reforma impositiva. Tengo informes de recaudación de
la AFIP a nivel Nacional. Por ejemplo en octubre, de IVA e impuestos débitos y
créditos, recaudó 40% más o menos, que son impuestos indirectos que graban la
actividad económica. Pero ganancias forma una parte menor, a pesar de que están
mostrando una recaudación mayor. La
cuestión es, entonces, cómo aumentamos ganancias y como bajamos el IVA, por ejemplo.
Pero también la renta
financiera, pero no toda la renta financiera, por ejemplo no a quienes ahorran
sus pesos a plazo fijo hasta determinado monto. También se puede favorecer a
los pequeños productores agrícolas con subvenciones a los precios, con topes
mínimos. Esta gente produce alimentos, los alimentos tienen que tener
determinados niveles de producción para poder equilibrar esa economía y el
Estado en estos casos tiene que intervenir, que es a través de salarios mínimos,
sostener los precios agrícolas, limitar la renta capital, es una idea, pero
este es un ejercicio que en este Presupuesto o en la Ordenanza fiscal debe
marcar una tendencia. Tenemos que marcar una tendencia hacia un sistema no regresivo.
Trabajar sobre el gasto Público, trabajar en el diseño de un sistema de contribución
local, provincial y nacional progresivo. La solución está en el compromiso del
Estado. Hay que sumarle al compromiso del Estado la responsabilidad de los
Partidos Políticos, es muy importante. El Estado es la base del funcionamiento
de todo y también la participación ciudadana. Un ejemplo son los “precios
cuidados”. En los “precios cuidados” han participado todos. Entonces digo: la
redistribución es un problema político, nosotros acá estamos representando
espacios políticos progresistas. El Pueblo de Carlos Casares ha sido
inteligente y eligió sentar en estas bancas del Concejo Deliberante a Partidos
Políticos democráticos que buscan un bienestar general. Y en ese sentido creo
que podemos llegar a una coincidencia para trabajar en los futuros presupuestos.
No quiero dejar pasar que
los municipios están sujetos a la estabilidad y al crecimiento económico que
nos imponen las políticas nacionales y provinciales, y en ese sentido hay
variables macroeconómicas que no manejamos y además que ni manejan el mismo gobierno
nacional. Fíjense este tema muy importante que va impactar seguramente en la
economía, el precio del barril de crudo de petróleo bajó un 50% ¿Qué significa
esto? Arabia Saudita triplicó, cuadriplicó la producción de petróleo. ¿Para
qué?, para que los yacimientos de gas y petróleo no convencional no sean rentables.
Entonces, ¿la gran solución que tiene la Argentina para autoabastecerse no es
rentable por culpa de una estrategia global? Esto es una variable macroeconómica
que no manejamos. Es algo que nos va afectar directamente, ¿vamos a tener que utilizar
dinero que teníamos para el gasto público para comprar petróleo a otro porque
no resulta rentable el petróleo que estamos pisando bajo nuestro piso, bajo
nuestro suelo? Bueno estas son cosas que yo quiero resaltar.
Al principio habíamos
hablado de la finalidad, del objetivo y este no es otro que la justicia social.
¿Cuál es la razón?, la justicia social. Y en este sentido tenemos una gran
deuda, inclusive hasta los peronistas que votamos a Menem en los 90 tenemos esa
deuda, que es una deuda histórica. Y si me permite, porque tiene que ver con
una cuestión conceptual, vale preguntarse ¿por qué estamos a favor de la
redistribución de la riqueza? Porque nosotros queremos darle justicia social a
nuestro pueblo, pero porque también queremos saldar una deuda histórica con
quienes hicieron este país y quienes los habitaron en algún momento. Porque la
única manera que vamos a poder pagar esa deuda es militando, trabajando,
participando en los partidos políticos, definiendo políticamente los
presupuestos, para que el Estado no deje nunca de intervenir en la economía,
para no liberar nunca más a las hordas del mercado las decisiones económicas y
el manejo absoluto de la renta. Esta deuda tiene un origen. Si me permite Sra.
Presidente, y pidiendo disculpas por la auto-referencia porque se trata de un
texto que escribí, quería leer un debate que el General Mansilla tuvo con un lenguaraz
de Cacique Baigorrita y que nos coloca en el fondo de la cuestión que refirió
el concejal Gorosito, a la idea final de lo que estamos planteando. Le decía
Mansilla a este indio “¿y cuando vale una vaca? No tiene precio, le dice el
indio ¿Cómo no tiene precio?, pregunta mansilla. Y, cuando es para comercio
depende de la abundancia, cuando es para comer no vale nada, la comida no se
vende aquí se le pide al que tiene más. De modo que lo que hoy tiene mucho
pronto se quedaran sin tener que dar, dice Mansilla. No Señor porque lo que se
da tiene vuelta. ¿Qué es eso de vuelta?, pregunta Mansilla. Señor es que aquí
el que da una vaca, una yegua, una cabra o una oveja para comer, la cobra
después, la que la recibe, algún día ha de tener. ¿Y si se le antoja no pagar?,
pregunta Mansilla. No sucede nunca. Puede suceder, sin embargo. El indio piensa
un poco y dice: si podría suceder, sí Señor, pero si sucediese, el día que a
ellos le faltase nadie le daría” El aborigen no titubea, confía en la simpleza
y solidez de su argumento porque es natural, es lo que siempre sucede, quien no
tiene le pide a quien tiene y quien tiene le da a quien no tiene. Sin embargo Mansilla no entiende algo tan
sencillo, no puede entender porque considera al engaño como cosa propia de los
intercambios y, por lo tanto, algo así debe tenerse muy en cuenta. Es decir,
para el coronel Mansilla la costumbre y los hábitos de los pueblos civilizados
es el engaño. A los ranqueles no se le pasó por alto porque los conocían bien
los llamaban huinca engañadores. Entonces ¿cuánto vale una vaca? Para los
Ranqueles era la moneda de cambio que recibía el gobierno huinca en los
tratados de paz. Cada vaca era usada para comer, es decir no tenía precio. Los
ranqueles aceptaban como moneda de cambio algo que para ellos no valía nada,
porque era para comer. Luego se les daban a quienes no tenían. Pero si luego
lograba tener, esperaban del que entregara lo que tenía. Y si nadie nunca
lograba tener, nada exigirán porque simplemente no se le exige dar al que no
tiene. Sin embargo, y esto es lo relevante, subsiste siempre el derecho de
quienes no tienen a recibir de quienes tienen. Esta es la filosofía final, básica
y el trasfondo de cualquier presupuesto, de cualquier sistema impositivo, más
allá de los debates puntuales. Porque en la conciencia media de nuestra
civilización se da por hecho de quien no tiene no tiene o porque simplemente no
quiere trabajar, porque son todos vagos. Si quieren plata vayan a laburar, yo
me rompo el culo laburando para que estos vagos vivan de mis impuestos, se
dice. En definitiva nuestra sociedad, nuestros presupuestos, nuestros sistemas
impositivos siempre exigen retribución a quienes no tienen. Dicho de otra
manera, para los ranqueles distribuir ingresos es darle a quien no tiene, para
nosotros distribuir el ingreso es darle a quien tiene y a quien no tiene
mandarlo a laburar para que le dé más a quien tiene. Entonces, pienso que tenía
razón Mansilla en su momento, puede suceder que quienes recibieron se les
antoje no pagar. Y no pagamos y hoy debemos todas estas tierras a todos
aquellos aborígenes y también debemos nuestras tierras a todos aquellos
trabajadores, obreros, empleados a quienes explotamos para obtener rentas
extraordinarias. Entonces así fue creciendo y así toda nuestra historia es una
gran deuda. Esta deuda creo que la podemos pagar y hacer pagar nosotros quienes
estamos sentados acá, por lo menos trabajando para que en los futuros presupuestos hagamos valer la
conciencia de redistribuir, de diseñar bajo directrices redistributivas un
sistema progresivo e inclusivo, para que quien gane más ponga más y a quien no
tiene el Estado pueda darle una mano.
En el presente presupuesto
creo que hace falta trabajar mucho sobre todo esto. Yo personalmente los convoco,
desde este lugar que me han confiado los casarenses, para que en los próximos presupuestos
busquemos y veamos la manera de llevar adelante juntos el anhelo de justicia social
y como argentinos podamos pagar esa deuda que tenemos con todos nuestros conciudadanos.
Muchas Gracias.
Concejal Sergio Carciofi
(FPV-PJ)
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